Por: Iván Espinoza-Madrigal/Abogado de Lambda Legal–
P: Algunos de mis amigos gay han mostrado una falta de sensibilidad hacia asuntos de inmigración—especialmente con las noticias de la ley anti inmigrante de Arizona, SB 1070. ¿Qué puedo decirles a ellos para tal vez cambiarles el punto de vista?
R: La ley anti-inmigrante de Arizona, conocida como SB 1070, fue aprobada en abril del 2010 y, casi inmediatamente, la ley encaró varios desafíos legales. En junio del 2012, la Corte Suprema de EEUU eliminó tres elementos de la ley: El Tribunal dijo que Arizona no puede crear su propio sistema para la matrícula migratoria, no puede imponer penas criminales a inmigrantes que buscan trabajo, o hacer arrestos sin orden judicial de inmigrantes basados en la posibilidad de deportación. Esta decisión es una victoria importante para comunidades a través de Estados Unidos. Sin embargo, Arizona aún puede requerir que sus policías verifiquen el estatus migratorio de una persona durante una “parada lícita, detención, o un arresto”.
La comunidad LGBT debe prestar mucha atención a la ley SB 1070 y los esfuerzos de otros estados para promulgar leyes anti inmigrantes. A menudo las voces que se oponen a la justicia para personas LGBT son las mismas voces que se oponen a la justicia para inmigrantes. SB 1070 criminaliza a personas basadas en su apariencia, y la comunidad LGBT sabe de sobra que los que son percibidos como “diferentes” o “raros” pueden ser vulnerable al acoso y la discriminación. Muchos de nosotros conocemos la hostilidad porque nuestra presentación puede chocar con ideas viejas de la “masculinidad” y la “feminidad”.
Adicionalmente, la comunidad LGBT es diversa y abarca no sólo las parejas bi-nacionales del mismo sexo y solicitantes de asilo, sino también a inmigrantes que son atrapados en un “doble clóset”. No sólo ocultan su orientación sexual o identidad de género, también tienen que ocultar su estatus migratorio. La lucha por la igualdad LGBT está entrelazada inextricablemente con el movimiento por los derechos de inmigrantes. Por ejemplo, los inmigrantes que están casados con una pareja del mismo sexo que sea ciudadano de los EEUU siguen siendo negados la residencia porque el gobierno federal no reconoce las relaciones del mismo sexo para propósitos de inmigración. También los refugiados LGBT y las personas viviendo con el VIH aparecen regularmente en el Tribunal de Inmigración solicitando la protección de asilo porque huyen persecución y tormento en sus patrias.
De acuerdo a un informe realizado por “Heartland Alliance” en abril del año 2011, más de 50% de los arrestos de inmigración se llevan acabo por colaboraciones con la policía local. Si los inmigrantes saben que hay una posibilidad que serán detenidos, son menos probables de buscar ayuda policial si son víctimas o testigos de un crimen lo cual pone en riesgo la seguridad de todas nuestras comunidades. Nuestra historia propia de opresión nos ha enseñado que usar como blanco a individuos, las familias y las comunidades es peligroso.
Desde la introducción de SB 1070, cinco otros estados — Alabama, Georgia, Indiana, Carolina del Sur y Utah — han aprobado leyes anti inmigrante similares a la SB 1070. Los grupos luchando para derechos civiles han desafiado estas leyes en el tribunal, y el resultado del caso de la Corte Suprema probablemente afectara los casos en estos otros estados.
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